Vivienda social en España III: de la Creación del Ministerio de Vivienda (1957) hasta el final del franquismo

En 1957, se crea el Ministerio de Vivienda con intención de poner orden a la dispersión e ineficacia de las políticas públicas en materia de vivienda de los primeros años del Franquismo y anticiparse a un más que probable incremento en la magnitud del problema. Las previsiones se verían claramente superadas por la realidad. A finales de la década de 1950, el régimen político español adquiere un nuevo estatus internacional, que se va a traducir en la mejora de las condiciones económicas del país y de su capacidad inversora, la reindustrialización y la apertura de las fronteras al turismo. De forma general se ha denominado a esta etapa como los años del desarrollismo. Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao verán nuevos desarrollos industriales como, por ejemplo, la implantación de la SEAT en la Zona Franca. En algunos casos, la necesidad de proveer estas fábricas de trabajadores vino unida a la creación de barrios de viviendas específicos. Mientras que el verdadero problema de la vivienda obrera se situaba en las grandes ciudades del país, el esfuerzo de industrialización generalizada motivó la creación de poblados o barrios específicos, unidos a explotaciones e industrias que debían estar localizadas en lugares remotos o aislados de otras áreas residenciales.

La degradación de los entornos urbanos

Los nuevos desarrollos urbanos, vinculados directamente a la implantación de una industria y destinados a sus trabajadores, son una excepción dentro de un panorama nada halagüeño. En general, cuando se acudía a trabajar a las grandes ciudades no se solía recibir, de patronos o autoridades, ayuda alguna en materia de alojamiento. El proceso de concentración urbana se viene dando desde los inicios de la industrialización, pero, en la década de 1960 la presión sobre las ciudades es de una magnitud muy superior a la de décadas anteriores. Esto será especialmente notable en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. A partir de 1960, fenómenos preexistentes relacionados con la infravivienda y le chabolismo se harán mucho más patentes. La ocupación de espacios inadecuados como los cauces fluviales o las costas provocaría continuos episodios trágicos y con grandes costes humanos y materiales.

Un nuevo ministerio dedicado a la vivienda

La creación del Ministerio de Vivienda es consecuencia directa de la toma de conciencia de las autoridades con relación al grave problema que se avecinaba en las principales urbes del país: el acceso a la vivienda. Los dos principales objetivos fundacionales del ministerio fueron paliar el serio déficit habitacional derivado del crecimiento demográfico y la concentración urbana, y tratar de frenar y ordenar la urbanización rápida y desordenada que presentaban los principales núcleos urbanos de nuestro país. Otra de las funciones del nuevo ministerio, habiéndose extinguido la Dirección General de Regiones Devastadas, sería la de actuar en los casos de catástrofes naturales. El Plan Nacional de Vivienda (1956-1960) comenzó a implementarse antes de la creación del ministerio, pero se aceleró y expandió bajo la nueva estructura ministerial. El plan tenía como objetivo principal la construcción de viviendas protegidas. Estas eran subvencionadas parcialmente por el estado y contaban con precios regulados y accesibles para las clases trabajadoras y medianas. Se financiaron a través de créditos blandos y subsidios estatales. Además, se promovió la creación de cooperativas de viviendas y se incentivó la participación de promotores privados a través de beneficios fiscales y créditos favorables. Esta colaboración público-privada buscaba aumentar rápidamente el parque habitacional disponible. En consecuencia, se fomentaron proyectos de vivienda social a una escala que no se había visto hasta entonces, con grandes complejos residenciales en las afueras de las ciudades. Estos nuevos barrios debían servir para alojar a las personas que vivían en condiciones precarias, como los barrios de chabolas y asentamientos informales y los incontables que iban llegando a las grandes áreas metropolitanas del país.

Los polígonos (o barrios autosuficientes)

El salto de escala sin precedentes en las actuaciones de vivienda social de la década de 1960 conllevaría el ensayo de nuevos modelos de gestión y de financiación: en un primer momento, las promotoras eran pequeñas y familiares, pero con el salto de escala de los programas, entran en juego también los grandes inversores, sobre todo las entidades financieras. Este es el punto de partida de la política de construcción de los polígonos de viviendas típicos del desarrollismo, que se convierte en un elemento propagandístico del régimen: trabajo para todos, piso y coche en propiedad. Los polígonos se caracterizaron por construirse allá donde había suelo disponible y asequible. En muchas ocasiones, en situaciones de aislamiento y discontinuidad con los tejidos urbanos existentes, y con un grave déficit de equipamientos y servicios. Las promociones de pequeña escala y las más masivas tuvieron un peso cuantitativo similar, pero, a menudo, se diferenciaban por su situación territorial: los polígonos más pequeños ─los primeros que se construyeron─ tienden a situarse dentro de la propia ciudad o en situaciones periféricas, pero en continuidad de la trama urbana. Enseguida se verán las ventajas económicas y logísticas de hacerlo en entornos no consolidados y los polígonos más masivos van a parar a lugares completamente suburbanos.

Conclusión

Las actuaciones del Ministerio de Vivienda en las últimas décadas del franquismo fueron, sin lugar a duda, sorprendentes desde el punto de vista cuantitativo pero sus políticas generaron efectos cuyas consecuencias se han arrastrado hasta nuestros días. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 tuvo un efecto que está en la base de la actual crisis de acceso a la vivienda con precios asequibles: logró la disminución, casi absoluta, del mercado del alquiler. También durante el régimen franquista se implementó la congelación de las conocidas como «rentas antiguas», una medida que fijaba los precios de los alquileres y establecía la prórroga indefinida de los contratos de arrendamiento. Por otra parte, casi desde el principio, la baja calidad de las viviendas en muchos polígonos construidos durante el franquismo provocó situaciones muy comprometidas y difíciles de resolver: barrios enteros que presentaban problemas constructivos en sus edificios, en algunos casos hasta el punto de amenazar con acabar en estado de ruina. Además, se tuvieron que invertir enormes sumas de dinero público para dar a muchos de estos barrios unas dotaciones de servicios propias de un estado de bienestar como el nuestro y dignificar el espacio público.

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