Vivienda social en España III:desde la Creación del Ministerio de Vivienda (1957) hasta el final del franquismo

La escasez de vivienda en las grandes ciudades españolas es un problema desde los inicios de la industrialización. Durante la primera mitad del siglo XX, las autoridades no son capaces de proponer o implementar soluciones efectivas y duraderas. En 1957, se crea el Ministerio de Vivienda que pretende poner orden a la dispersión e ineficacia que caracterizaron las políticas públicas en esta materia durante los primeros años del franquismo y anticiparse a un más que probable incremento de la magnitud del problema. Sin embargo, las previsiones se verían claramente superadas por la realidad. Franco había proclamado en sus discursos la consigna “una familia, una vivienda”. En 1950, las autoridades estimaron que existía un déficit de un millón de viviendas. A ese déficit estructural, hubo que sumarle un aumento demográfico sin precedentes y los movimientos migratorios derivados de la mejora de la economía que acentuaron la demanda de vivienda, precisamente en los lugares en los que ya había escasez.

A finales de la década de 1950, el régimen político español entra en un nuevo estatus internacional, principalmente porque España se convierte en un aliado de los EE UU en el marco de la lucha de bloques de la Guerra Fría, poniendo fin al aislamiento internacional del régimen. Los gestos diplomáticos se suceden y culminan con la implantación de bases americanas en nuestro país. A cambio, el régimen se beneficiará de un lavado de cara internacional y de importantes ayudas económicas. La consecuencia de este nuevo estatus internacional es una mejora de las condiciones económicas del país y de su capacidad inversora, la reindustrialización y la apertura de las fronteras al turismo. A partir de 1959, este período de apertura y liberalización conlleva importantes cambios sociales, que se reflejarán en las infraestructuras y los entornos urbanos de nuestro país. De forma general se ha denominado a estos años como los años del desarrollismo.

El régimen también se reestructura ante la nueva situación: nuevos organismos, como el Ministerio de Planificación de Desarrollo, se encargan de implementar planes de desarrollo económico y social, con el objetivo de planificar y fomentar la industrialización y modernización del país, entre los que destaca el Plan de Estabilización de 1959. Se produjo un fuerte impulso a la industria, especialmente en sectores como la siderurgia, la construcción naval y la automoción. La inversión extranjera y el crecimiento de la producción industrial fueron clave en este proceso. Se realizaron importantes inversiones en infraestructuras, como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, que facilitaron el transporte y el comercio dentro y fuera del país. Se fomentó la llegada de turistas extranjeros, lo que impulsó la construcción de infraestructuras turísticas y generó empleo en el sector servicios. El turismo se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos del país. El resultado fue un crecimiento económico espectacular, con un promedio anual del 7%.

Al igual que había venido sucediendo en etapas anteriores, las oportunidades se seguirán concentrando en las grandes áreas metropolitanas, en concreto en las de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, que verán nuevos desarrollos industriales como la implantación de la SEAT en la Zona Franca de Barcelona. En algunos casos, la necesidad de proveer estas fábricas de trabajadores vino unida a la creación de barrios de viviendas específicos. Este fue el caso del nuevo barrio de viviendas para trabajadores de la SEAT, proyectado por el arquitecto y empresario José María Bosch i Aymerich en el Paseo de la Zona Franca de Barcelona, que llegaría a tener hasta 1.700 viviendas. Se trata de un barrio de ordenación abierta que combina edificios de altura considerable con equipamientos en medio de unos espacios libres donde se mezclan los aparcamientos y los jardines. La construcción de ladrillo, extremadamente sencilla, genera dos tipos de edificios principales con unas condiciones de ventilación y asoleo bastante favorables para las edificaciones.

Los poblados de la industria

Mientras que el verdadero problema de la vivienda obrera se situaba en las grandes ciudades del país, el esfuerzo de industrialización generalizada motivó la creación de poblados o barrios específicos, unidos a explotaciones e industrias que debían estar localizadas en lugares remotos o aislados de otras áreas residenciales. Hablamos de centrales de energía eléctrica que debían situarse al lado de presas y ríos, centrales nucleares que no podían situarse en entornos urbanos consolidados, explotaciones mineras u otras que por su tamaño o peligrosidad no convenía situar en zonas altamente pobladas, o alojamientos para los obreros que construían grandes infraestructuras como autopistas o vías férreas. Ya en los inicios de la industrialización, la necesidad de situar las fábricas en lugares con abundante agua para hacer funcionar las máquinas de vapor había dado lugar a las colonias industriales del siglo XIX. Los poblados del siglo XX intentan compensar su situación aislada con una mejora de las condiciones de vida de los residentes a través de la calidad de la vivienda y los servicios ofrecidos.

En consecuencia, durante la década de 1960, la industria generó arquitecturas residenciales notables en forma de pequeños pueblos o ciudades autónomas, dotadas de todo tipo de servicios. Estos fragmentos urbanos solían tener condiciones mucho más ventajosas y mejores calidades ─constructivas y urbanas─ que los barrios de polígonos de vivienda dominados por la especulación. La calidad de la vivienda y los servicios que se ofrecían funcionaban como reclamo para atraer a trabajadores cualificados.

En la cornisa cantábrica, especialmente en Asturias, encontramos notables ejemplos de nuevos poblados industriales como el de Llaranes, vinculado a la industria ENSIDESA. Al borde del río Nalón, Ignacio Álvarez Castelao construyó el Poblado de Ribera de Arriba. La posibilidad de proyectar un desarrollo residencial exnovo se aprovecha para experimentar con nuevas formas urbanas y modos de agregación. En este caso, el proyecto adopta un modelo de crecimiento orgánico con pequeñas agrupaciones formando una planta en forma de esvástica donde las viviendas, sobre una retícula de 1,6 x 1,6 m, se organizan en dos plantas.

Las centrales nucleares que se empiezan a construir en España demandarán también de alojamientos para sus trabajadores. Las empresas promotoras no escatimarán esfuerzos para atraerlos, encargando a grandes arquitectos del momento los alojamientos y servicios de trabajadores. Antonio Fernández Alba, por ejemplo, proyectó el poblado de viviendas de los trabajadores de la Central Nuclear José Cabrera en Guadalajara. Destaca también el poblado HIFRENSA para trabajadores de la Central Nuclear de Vandellós. En un entorno privilegiado frente al mar Mediterráneo, Antoni Bonet Castellana pudo proyectar un barrio cerrado en unos terrenos privilegiados y con buenas dotaciones de servicios y espacios públicos de gran calidad. Aunque se trata de un barrio para trabajadores, muchas de las viviendas son de grandes dimensiones, dependiendo del rango del trabajador y si este era soltero o casado. La calidad urbana, así como de los equipamientos y de las propias viviendas, formaba parte de la estrategia de la empresa para atraer a trabajadores hacía un entorno urbano aislado y en contacto con una infraestructura energética que generaba suspicacias en relación con su seguridad. Las distintas agrupaciones, en especial las dedicadas a los obreros ─que son las más numerosas─, abrazan amplias zonas de paisaje cuya urbanización se aborda también en el proyecto. Un gran edificio único, de gran desarrollo en planta, centraliza todos los servicios que van desde comercios, hasta locales de ocio o escuelas. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico en el año 2023.

La degradación de los entornos urbanos

Los desarrollos de viviendas promovidos por industrias para sus trabajadores son una excepción dentro de un panorama mucho más problemático. Cuando se acudía a trabajar a las grandes ciudades no se solía recibir, de patronos o autoridades, ayuda alguna en materia de alojamiento. En el mejor de los casos, se contaba con redes de solidaridad de personas que habían emprendido el camino de la migración desde el mismo origen hacia el mismo destino con anterioridad.

El proceso de concentración urbana se viene dando desde los inicios de la industrialización, pero, en la década de 1960, la presión sobre las ciudades es de una magnitud muy superior a la de décadas anteriores. Los barrios de chabolas se habían consolidado sin remedio en la década de 1950. En Barcelona, por ejemplo, no se había podido evitar la ocupación masiva de la costa, como en el caso del Somorrostro. A partir de 1960, fenómenos preexistentes relacionados con la vivienda se acentuarán mucho más: densificación a través del realquiler, es decir, un aumento progresivo de las personas que conviven en una única vivienda; habilitaciones en almacenes, bajos, trastiendas y otros locales inadecuados como infraviviendas; y, finalmente, el fenómeno más visible, el barraquismo, la autoconstrucción y la ocupación de cuevas o espacios geográficamente inadecuados y peligrosos como las laderas y los cauces fluviales. Antes de empezar a analizar las políticas que intentan atajar el problema y las realizaciones arquitectónicas que se derivarán de éstas es necesario comprender la magnitud de un fenómeno, el de las migraciones internas, que cambió el panorama social y las grandes ciudades de nuestro país.

En el área de Barcelona, a partir de la década de 1960, la inmigración supuso un flujo continuo de cerca de 45.000 personas al año. Sirva como ejemplo que, en el año 1970, el 34% de las personas que habían nacido en la provincia de Almería se habían trasladado a vivir a Cataluña: unas 127.000 personas. Había más almerienses de nacimiento en la ciudad de Barcelona que en la ciudad de Almería, que tenía 114.000 habitantes. Pasaba algo similar en provincias como Granada, Jaén o Córdoba. El saldo total de personas emigradas al área de Barcelona entre 1960 y 1974 se estima en cerca de 1.460.000. Entre 1960 y 1970, se llegaron a contar unas 20.000 barracas solo en el término municipal de Barcelona, con una población estimada de 100.000 habitantes. La ocupación de los cauces de las rieras o de las costas provocaría continuas tragedias, que tuvieron su momento más dramático en la riada de la noche del 15 de septiembre de 1962, que se calcula que acabó con la vida de unas 600 personas en la zona del Vallés ─si bien se desconoce la cifra exacta ya que había mucha gente que no estaba censada─.

En el área de Madrid, a partir de la década de 1960, se experimentó un flujo migratorio constante que rondó las 50.000 personas anuales. En 1970, aproximadamente el 32% de los nacidos en la provincia de Extremadura habían emigrado a la Comunidad de Madrid, sumando cerca de 180.000 personas: había más extremeños viviendo en Madrid que en ciudades como Badajoz y Cáceres, cuya población combinada era de 160.000 habitantes. Situaciones similares se observaron en otras provincias como Toledo, Ávila y Segovia. La suma total de personas que emigraron al área de Madrid entre 1960 y 1974 se estima en alrededor de 1.600.000. Los problemas derivados de estos aludes de recién llegados fueron muy similares a lo que se ha comentado para el área barcelonesa: entre 1960 y 1970, se contabilizaron aproximadamente 30.000 chabolas solo en el término municipal de Madrid, albergando a una población estimada de 130.000 habitantes. Al igual que en Cataluña, la ocupación de áreas vulnerables como cauces de ríos y zonas periurbanas resultó en numerosos episodios trágicos, incluyendo el desbordamiento del río Manzanares en la primavera de 1963, donde se estima que fallecieron más de 400 personas.

En Valencia, el flujo anual de inmigración en la década de 1960 fue de unas 40.000 personas y, en Bilbao ─que, en 1960, tenía menos de 300.000 habitantes─, de 30.000. En el área de Valencia la mayoría provenían de áreas cercanas como Murcia o las provincias valencianas de Alicante y Castellón. En el País Vasco, la migración procedía del norte de España, especialmente de las áreas rurales de León, Burgos y Cantabria. El saldo total de personas que emigraron al área de Valencia entre 1960 y 1974 se estima en aproximadamente 1.200.000 individuos y 900.000 en Bilbao, en ese mismo periodo.

Un nuevo ministerio dedicado a la vivienda

La creación del Ministerio de Vivienda creación vino precedida por la aprobación de la Ley de suelo de 1956, que ponía orden a los distintos estamentos, figuras y planes de ordenación urbanística en nuestro país y establecía un régimen de suelo unificado. Esto permitió que el nuevo ministerio asumiera las competencias de urbanismo que la ley auspiciaba.

Con José Luís Arrrese como su primer titular, en el momento de su creación el ministerio constaba de una subsecretaría y dos direcciones generales: la Dirección General de Vivienda, que incluyó el ya existente Instituto Nacional de la Vivienda, antes integrado en el Ministerio de Trabajo, y la Dirección General de Urbanismo, integrada por los servicios de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, antes perteneciente al Ministerio de la Gobernación. El nuevo ministerio absorbía y ponía orden a la dispersión anterior de institutos y direcciones adscritas a distintos ministerios y generaba una estructura marco para la creación de nuevos organismos como todos aquellos que, en el futuro, regularían la calidad de la construcción y sus materiales.

Los dos principales objetivos fundacionales del ministerio fueron paliar el serio déficit habitacional derivado del crecimiento demográfico y la concentración urbana, y tratar de frenar y ordenar la urbanización rápida y desordenada que presentaban los principales núcleos urbanos. Además, el nuevo ministerio, habiéndose extinguido la Dirección General de Regiones Devastadas, tenía entre sus atribuciones actuar en los casos de catástrofes naturales. El mismo año de su creación, en 1957, la ciudad de Valencia sufrió una gran riada que sería la primera prueba a gran escala de su capacidad de gestión.

El Plan Nacional de Vivienda (1956-1960) comenzó a implementarse antes de la creación del ministerio, pero se aceleró y expandió bajo la nueva estructura ministerial. El plan tenía como objetivo principal la construcción de viviendas protegidas. Subvencionadas parcialmente por el estado, estas viviendas contaban con precios regulados y eran accesibles para las clases trabajadoras y medias. Se financiaron a través de créditos blandos y subsidios estatales. Además, se promovió la creación de cooperativas de viviendas y se incentivó la participación de promotores privados a través de beneficios fiscales y créditos favorables. Esta colaboración público-privada buscaba aumentar rápidamente el parque habitacional disponible.

Se fomentaron proyectos de vivienda social a una escala que no se había visto hasta entonces, con grandes complejos residenciales en las afueras de las ciudades. Estos nuevos barrios debían servir para alojar a las personas que vivían en condiciones precarias, como los barrios de chabolas y asentamientos informales, y las incontables que iban llegando a las grandes áreas metropolitanas del país.

La descentralización de la construcción de viviendas, centrando su desarrollo en áreas periféricas de las ciudades y en núcleos rurales, quería evitar un aumento indiscriminado de la densidad urbana, pero, para que esto fuera posible, había que crear unas condiciones previas, con infraestructuras y conexiones que garantizasen la viabilidad de estos nuevos barrios y ciudades. Con ese fin, se comenzaron a implementar planes de ordenación urbana de manera a estructurar el crecimiento de las ciudades y evitar un desarrollo desordenado. Además de la construcción de viviendas, el ministerio se ocupó de la mejora de infraestructuras básicas en los nuevos desarrollos urbanísticos, como las redes de suministro de agua, electricidad y saneamiento. Este tipo de actuaciones resultó, en muchos casos, fallido y contribuyó a la transformación del paisaje urbano en muchas ciudades españolas como veremos más ampliamente en el siguiente capítulo.

Unos años antes de la creación del Ministerio de Vivienda, se celebraron los Congresos Nacionales de Arquitectura, en 1949 y 1951. En ellos se comenzó a discutir la necesidad de modernizar la arquitectura española sin que los valores tradicionalistas que había promovido el franquismo se perdieran. Fue en el segundo de los congresos, celebrado en Barcelona, donde el problema de la vivienda tuvo un espacio relevante. Aunque los congresos no se inclinaron abiertamente por un retorno al lenguaje racionalista, sí abrieron la puerta a discusiones sobre la posibilidad de integrar elementos modernos dentro de un marco que respetara la identidad nacional. En definitiva, aunque con ciertas restricciones, el congreso de Barcelona marcó una apertura hacia el movimiento moderno, abriendo el camino para que arquitectos españoles pudieran volver a explorar el racionalismo y el funcionalismo a través de soluciones prácticas y económicas, como las viviendas sociales.

Una de las consecuencias prácticas fue la definitiva adopción de la manzana abierta para las nuevas promociones de vivienda, que sustituyó a la manzana cerrada tradicional. Los arquitectos comienzan a proyectar manzanas con ordenaciones abiertas y edificios exentos que permiten, con mayor libertad, implementar distribuciones y lenguajes plenamente modernos. El planteamiento, a gran escala, de estas promociones va unido a una reducción en el tamaño de las viviendas. El programa de estas no difiere sustancialmente del de épocas anteriores: se mantiene el número de dormitorios puesto que se seguía esperando de la clase obrera una alta natalidad. Lo que sí que se reduce notablemente es el tamaño de las piezas y su altura libre, lo que va a permitir incrementar el número de plantas en los desarrollos en altura. También, en algunos casos, se añaden piezas de baño, habitualmente en forma de aseo vinculado a la zona de estar.

En muchas ciudades españolas, encontramos múltiples ejemplos que son consecuencia de esta nueva política. En Valencia, Santiago Artal Ríos construye el grupo de viviendas para la Cooperativa de Agentes Comerciales (1958-1961). En un entorno de ensanche de manzanas cerradas, el arquitecto disgrega la edificación en tres bloques exentos que permiten soluciones distributivas plenamente modernas sin negar radicalmente la forma urbana preestablecida.

En Madrid, el grupo Nuestra Señor de Montserrat del Hogar del Empleado es pionero en el desarrollo de barrios de bloques con ordenación abierta.

Estos nuevos conjuntos de viviendas muestran, a partir de la década de 1960, un espectacular aumento de la densidad con ordenaciones más compactas, menos distancia entre bloques, preferencia de la tipología de edificio apantallado sin patios interiores, más altura de los bloques, viviendas más pequeñas y de menor altura libre. Además, aparecen nuevos actores privados que ponen en marcha promociones de viviendas. Es el caso del Hogar del Empleado, creado en la España franquista en 1947 por iniciativa del sacerdote José María Llanos como parte del aparato corporativo del régimen, con el objetivo atender a los trabajadores mediante la formación cultural, profesional y espiritual de los empleados, en línea con los valores católicos del franquismo. En la década de 1960, además de sus labores educativas, el Hogar del Empleado empezó a promover barrios de viviendas que integraban también servicios esenciales como escuelas, centros recreativos y espacios para actividades religiosas, siguiendo el ideal nacionalcatólico de comunidades autosuficientes y moralmente orientadas.

El salto de densidad de las actuaciones hace que en muchas ciudades españolas se identifiquen claramente desarrollos de esta época en sus paisajes urbanos. En ciudades como Sevilla, los conjuntos de la Virgen del Carmen, los Diez Mandamientos o la Estrella constituyen ejemplos notables de la arquitectura moderna y destacan en un paisaje urbano que había primado, hasta ese momento, la arquitectura regionalista. Con una planificación urbana innovadora y una adaptación inteligente a las necesidades de vivienda social de la época, el conjunto residencial Virgen del Carmen, construido entre 1955 y 1958 en el barrio de Triana, se compone de 52 bloques de viviendas que combinan torres en altura y bloques lineales de menor elevación. Esta disposición busca equilibrar la densidad habitacional con espacios abiertos, promoviendo la interacción comunitaria en plazas y calles peatonales interiores. Por su parte, el conjunto de viviendas Los Diez Mandamientos, edificado entre 1958 y 1964, consta de diez bloques en forma de «H» que integran eficientemente cuatro viviendas por planta alrededor de un núcleo común de comunicaciones. Esta configuración no solo optimiza el espacio, sino que también garantiza una adecuada ventilación e iluminación natural en las viviendas.

En Valencia destaca el Grupo de viviendas Antonio Rueda: su disposición urbanística se organiza en cinco unidades residenciales, cada una conformada por dos bloques paralelos de siete plantas y un bloque ortogonal de cuatro alturas. Estos conjuntos encierran espacios ajardinados que integran equipamientos y viviendas unifamiliares, creando una ordenación especialmente compleja que fomenta la vida comunitaria y la interacción social.

Como una de las últimas intervenciones de la Obra Sindical del Hogar, el Grupo Antonio Rueda o el Grupo La Paz reflejan una planificación urbana innovadora y una adaptación eficiente a las necesidades habitacionales de la época, consolidándose como un referente en la vivienda social moderna.

Uno de los ejemplos más destacados en la capital es Gran San Blas. A pesar de que se empezó a desarrollar antes de la creación del Ministerio de Vivienda, gracias a las medidas tomadas por el nuevo organismo, Gran San Blas hace un cambio de escala y termina por desarrollarse con toda la ambición con la que fue concebido. Sin los nuevos mecanismos de gestión y oportunidades de financiación del Ministerio, difícilmente se podría haber desarrollado con la celeridad con que se hizo. En consecuencia, Gran San Blas introduce un considerable cambio de escala en las actuaciones de vivienda asequible y marcará un hito en la expansión urbana con un paisaje edificado totalmente nuevo. Su construcción comenzó alrededor de 1958, en el marco del Plan de Urgencia Social de ese mismo año, con el objetivo de proporcionar viviendas a la creciente población trabajadora que llegaba a la capital. Situado en el este de Madrid, San Blas ocupó un área periférica que podía absorber parte del crecimiento poblacional de la ciudad y su desarrollo conectaba con los planes de expansión urbana de Madrid en las décadas de 1950 y 1960. La Obra Sindical del Hogar fue la encargada de este proyecto, que abarcó una superficie de 506.551 m² y contempló la edificación de 7.484 viviendas y 561 locales comerciales, estimando alojar a una población de aproximadamente 30.000 habitantes.

En el barrio de San Blas ─también llamado Gran San Blas─ trabajaron grandes arquitectos de la época. En la fase G, por ejemplo, construida entre 1958 y 1962, colaboraron los arquitectos José Antonio Corrales Gutiérrez, Julio Cano Lasso, Luis Gutiérrez Soto y Ramón Vázquez Molezún. Aunque las viviendas eran modestas y reflejaban las limitaciones económicas de la época, la calidad de su arquitectura se traduce en plantas tipológicas con notables cualidades espaciales con viviendas pasantes que buscan las visiones diagonales para expandir espacialmente unas plantas verdaderamente mínimas.

A menudo, los desarrollos de vivienda social de gran tamaño se han vinculado con experiencias europeas como las relacionadas con el Team X. En Inglaterra, Alison y Peter Smithson construyen inmensos bloques de vivienda social, como Robin Hood Gardens, utilizando el hormigón visto como expresión formal. El tamaño de las actuaciones de estos complejos residenciales justifica el calificativo de edificios-ciudad: actuaciones unitarias cuyo carácter masivo implica circulaciones y calles en altura, y la inclusión de servicios en su interior más allá del programa estrictamente residencial. A menudo, estas actuaciones presentaron problemas de seguridad. Su desarrollo en altura y su complejidad espacial dificultaron el acceso de las fuerzas del orden y acabaron generaron bolsas de pobreza y fueron refugio para todo tipo de actividades delictivas que se vieron amplificadas por la crisis sociales y económicas de la década de 1980. Algunos de estos desarrollos, como el propio Robin Hood Gardens, el barrio del Barbican o la Torre Trellick en Londres adquirieron muy mala fama y estigmatizaron su estética brutalista característica. Solo en los últimos años, la estética del brutalismo arquitectónico está volviendo a apreciarse y algunos de estos barrios y edificios se han revalorizado.

En España, arquitecturas coherentes con el concepto de edificio-ciudad se vieron en situaciones similares. Quizá uno de los ejemplos más masivos sea la Unidad Vecinal número 3 de La Coruña de José Antonio Corrales, compuesto por tres bloques paralelos unidos por galerías que se desarrollan en altura y dan acceso a las viviendas. La habilidad del arquitecto consiguió, en parte, mitigar la rotundidad del planteamiento mediante la mezcla de tipologías y la calidad de los itinerarios de acceso que se combinan con equipamientos.

En Segovia, la Unidad vecinal para la Cooperativa Pío XII de los arquitectos Antonio Viloria García, José Joaquín Aracil Bellod y Luis Miquel Suárez-Inclán, expresa en fachada las calles elevadas de circulación. El edificio resuelve, en una implantación en pendiente, un fragmento completo de ciudad de notable tamaño para una ciudad pequeña. Son especialmente interesantes la resolución de las circulaciones elevadas que cruzan, mediante estructuras ligeras, lo espacios ajardinados dentro de la propia actuación.

El Conjunto de viviendas protegidas Pedro Astigarraga en Bilbao, o el Grupo de viviendas para Fenosa, en Vigo, también adoptan soluciones arquitectónicas en línea con las anteriores.

Los polígonos (o barrios autosuficientes)

Mientras que barrios como Gran San Blas se construyeron en continuidad con la trama urbana, como extensión de la ciudad, los polígonos se caracterizaron por construirse allá donde había suelo disponible y asequible, en muchas ocasiones, en situaciones de aislamiento y discontinuidad entre tejidos urbanos y con un grave déficit de equipamientos y servicios.

El salto de escala sin precedentes en las actuaciones de vivienda social en la década de 1960 conllevaría ensayar nuevos modelos de gestión y de financiación: en un primer momento, las promotoras eran pequeñas y familiares, pero con el salto de escala de los programas, entran también grandes inversores, sobre todo entidades financieras. Este es el punto de partida de la política de construcción de los polígonos de viviendas típicos del desarrollismo, que se convierte en un elemento propagandístico del Régimen: trabajo para todos, piso y coche en propiedad. Con estas políticas, también se empieza a crear uno de los problemas endémicos de nuestro mercado inmobiliario: la falta de vivienda pública de alquiler y la opinión generalizada de que alquilar es malgastar el dinero.

Las promociones de pequeña escala y las más masivas se combinan con un peso cuantitativo similar, pero, a menudo, se diferencian por su situación territorial: los polígonos más pequeños ─los primeros que se construyeron─ tienden a construirse dentro de la propia ciudad o en situaciones periféricas, pero en continuidad de la mancha urbana. Enseguida se verán las ventajas económicas y logísticas de hacerlo en entornos no consolidados y los polígonos de mayor escala van a aparecer en lugares completamente suburbanos. Algunos, como Bellvitge, tienen la población de una pequeña ciudad y se sitúan en medio de campos cultivos. Con el tiempo se verán absorbidos por la expansión urbana. En otros casos, como el barrio de Singuerlin, en Santa Coloma de Gramanet, ocupan laderas montañosas cuya pendiente hace complicadísima su accesibilidad y el recosido futuro con el resto de las tramas urbanas.

Para sus habitantes, esto supone grandes dificultades en los desplazamientos y un problema desconexión. A menudo, estos nuevos barrios vienen a sustituir asentamientos informales que habían quedado en una posición urbana demasiado prominente o espacios necesarios para nuevas infraestructuras. El realojo de sus antiguos habitantes, a veces forzado, conlleva aislamiento y desarraigo. La falta de servicios y de oportunidades trae consigo la aparición de problemas sociales y bolsas de pobreza, sin olvidar que, a pesar del inmenso esfuerzo, estas actuaciones no bastarán para atajar el problema de los barrios de autoconstrucción que se siguen consolidando y extendiendo.

“En los bloques en los que vive mi amigo capellán pagaron 15.000 pesetas de entrada. Durante veinte o treinta años pagarán unas 300 pesetas al mes, y después un poco más durante no sé cuántos años más. En cincuenta años, el piso es suyo. La mayoría dicen: «no trabajes para tus hijos, sino para tus nietos». Estos pisos son los más pequeños del polígono. Cocina y comedor juntos. En el baño, si te limpias en el lavabo, no puedes cerrar la puerta”.

CANDEL, Francisco, Los otros catalanes, Caralt Editores, Barcelona, 1977.

Los grandes polígonos y los pequeños se diferenciaban también en los sistemas constructivos. Mientras que los de pequeña escala mantienen sistemas constructivos tradicionales, los más masivos incorporan nuevas tecnologías de industrialización de la construcción. En ambos casos, casi desde el principio, la baja calidad de las viviendas provocó situaciones muy comprometidas y difíciles de resolver: barrios enteros cuyos edificios presentaban problemas constructivos, en algunos casos hasta el punto de amenazar con acabar en estado de ruina. Problemas como los del cemento aluminoso, más barato, pero con mucha menos durabilidad, afectaron en Cataluña a polígonos y barrios enteros, y provocaron enormes trastornos a los vecinos.

No todos los polígonos sufrieron problemas sociales y constructivos, algunos consiguieron paliar su situación de aislamiento generando fragmentos urbanos de calidad, con una arquitectura digna y atractiva que ha conseguido paliar el estigma que acompañó a este tipo de actuaciones. Es el caso del polígono de Montbau de Barcelona, realizado en las faldas de Collserola entre 1957 y 1965, en el que participaron por los arquitectos Antonio Bonet Castellana, Guillermo Giráldez Dávila, Joan Bosch Agustí, Josep Maria Soteras Mauri, Manuel Baldrich Tibau, Pedro López Iñigo y Xavier Subias Fages. Fue promovido por el Patronato Municipal de la Vivienda con una voluntad clara de diferenciarse del resto de tejido urbano de la zona ─que había crecido de forma anárquica en elementos aislados y sin coherencia─ y de evitar la construcción de edificios aislados para emprender una actuación de mayor tamaño y de verdadero calado urbano. Para ello, técnicos municipales viajaron a Fráncfort, Colonia, Bonn y Berlín, y visitaron la Interbau y otras zonas de reconstrucción europeas. La calidad urbana de Montbau se evidencia en las dotaciones de servicios y en la configuración de los espacios públicos. La densidad del conjunto es mayor que la de otros desarrollos que tomaron los CIAM como referencia y favoreció una vida comunitaria que acerca el modelo de polígono a las condiciones de la ciudad densa mediterránea. En Montbau, se combinan bloques de tamaño medio y varias configuraciones con agrupaciones de viviendas unifamiliares. La ordenación del conjunto recoge, además, su condición de límite urbano y de transición hacia un espacio natural.

Conclusión

Las actuaciones del Ministerio de Vivienda de las últimas décadas del franquismo fueron, sin lugar a duda, muy numerosas. Con el II Plan Nacional de la Vivienda (1961-1975), el régimen logró que se construyeran cuatro millones de viviendas y, en algún momento, la oferta llegó a cubrir la demanda existente. Entre 1960 y 1980, el número de viviendas se duplicó, pasando de 7,7 millones en 1960 a 10,6 en 1970 y a 14,7 al comienzo de la década de 1980. En ese periodo, la mayor parte de los españoles consiguió tener una vivienda en propiedad, que pagaron en 8 o 10 años, a pesar de que los intereses bancarios superaban en muchos casos el 10% anual. Pero estas políticas y otras políticas del Ministerio de Vivienda generaron efectos cuyas consecuencias se han arrastrado hasta nuestros días.

Las actuaciones del Ministerio de Vivienda tuvieron consecuencias directas en la actual crisis de acceso a la vivienda. A finales del franquismo, el 77,8 % de los españoles se había convertido en propietarios de sus viviendas. Desde entonces, los cambios de la diferentes leyes de suelo y las dinámicas de un mercado especulativo han provocado tal incremento del precio de la vivienda que, en la actualidad, la capacidad de ahorro de la población difícilmente puede satisfacer el acceso a la vivienda.

También en lo relativo a la vivienda de alquiler, las actuaciones del gobierno franquista incidieron en la actual crisis de acceso a la vivienda. Por un lado, se produjo una disminución del número de viviendas en alquiler, consecuencia del acceso a la propiedad de muchos españoles y de la falta de actuaciones públicas de vivienda social en alquiler. Por otro, la legislación sobre arrendamientos, si bien protegió a los arrendatarios con la congelación de rentas y las prórrogas forzosas, desincentivó la inversión inmobiliaria en alquiler. La liberalización del mercado de alquiler que se introdujo en la democracia, con la denominada Ley Boyer, y los escasos resultados de las políticas de contención emprendidas por las administraciones públicas desde entonces, unidas a la especulación y la globalización, han conducido, también desde el mercado del alquiler, a una agudización del problema de acceso a la vivienda.

Con el tiempo los polígonos se han convertido en símbolos de una época y han quedado en el imaginario colectivo gracias, por ejemplo, al cine. En muchos de estos barrios la vida no ha sido fácil ya que barrios enteros que presentaban problemas constructivos en sus edificios, con problemas como el del cemento aluminoso. Algunos, por su situación de aislamiento y homogeneidad social, acusaron las crisis económicas y se convirtieron en bolsas de pobreza y falta de oportunidades. Con el tiempo, se invirtieron grandes sumas de dinero público para dar a muchos de estos barrios unas dotaciones de servicios propias de un estado de bienestar como el nuestro y una dignidad del espacio público que facilitara la vida y paliara, en parte, la estigmatización de estas áreas y de sus habitantes. Hoy en día, la mayoría de estos barrios ha mejorado su calidad urbana y la percepción social de éstos; podemos decir que su situación es mucho mejor que la de los modelos urbanos asimilables de países como Francia. Roger Subirà

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