Vivienda social en España II: del fin de la Guerra Civil hasta la creación del Ministerio de Vivienda

Introducción: el final de la Guerra y la reorganización del Estado

Al finalizar la Guerra Civil, el nuevo régimen hereda el problema no resuelto de los suburbios urbanos en expansión, que se une a la ingente tarea de la reconstrucción. El gobierno de Franco empieza a legislar sobre vivienda en el momento mismo en que termina la Guerra, pero, en esos primeros años, las diferentes familias políticas del bando vencedor pugnan por ocupar los espacios políticos y sociales, lo que resulta en una organización a menudo redundante y poco eficiente. La Falange, la facción dominante, a través del arquitecto Pedro Muguruza, promueve una visión de la ciudad y de la vivienda que difería de los valores que había empezado a promover el movimiento moderno en la década anterior. Uno de sus focos de interés será la barriada obrera que se percibe como un problema, al promover una diferenciación de clases que puede conllevar la aparición de bolsas de resistencia contra el régimen. Las luchas políticas se traducen en la aparición de una multiplicidad de órganos que se ramifican con competencias superpuestas en materia de vivienda y que terminan siendo ineficaces y descoordinados en su acción.

La Dirección General de Arquitectura: Pedro Muguruza y la vivienda social de la Falange

La Falange no escatima en esfuerzos teóricos ni divulgativos para la definición de lo que debe ser la “nueva arquitectura” del Régimen. El programa estético que promueve es claro y se basa en la recuperación del “Imperio” cuya quintaesencia arquitectónica es el Monasterio del Escorial. La vivienda debe organizarse a partir de la familia tradicional y, por lo que atañe al barrio, se deberán mezclar todas las clases sociales, además de evitar el bloque plurifamiliar que remite al ideario socialista. Varias colonias en Madrid, como la de Cerro de Palomeras recogen este ideario: un aire nostálgico y rural, y viviendas con corrales que mimetizan arquitecturas vernáculas, sin ningún rasgo de modernidad en el lenguaje arquitectónico.

La Dirección General de Regiones Devastadas

Durante los primeros años del franquismo conviven, en el organigrama del Ministerio de Gobernación, dos Direcciones Generales, la ya comentada de Arquitectura y la llamada de Regiones Devastadas. El objetivo fundacional de esta última consistía en asumir la reconstrucción de bienes dañados durante la guerra. La actuación de Regiones Devastadas empezaba por la reconstrucción de edificios o infraestructuras dañadas, cuando esto era posible. Si el grado de destrucción era demasiado elevado, se construían albergues temporales para las personas sin hogar mientras se llevaban a término las viviendas definitivas. De entre todos los barrios construidos por Regiones Devastadas, el de Almería ─que, además, se bautizó con el nombre organismo promotor─ es uno de los más conocidos, probablemente por el eclecticismo de su arquitectura que le confiere un carácter pintoresco y cinematográfico.

El Instituto Nacional de la Vivienda (INV): incentivar la promoción privada de vivienda asequible

En 1939 ─apenas dos semanas después del fin de la Guerra Civil─, se crea el Instituto Nacional de la Vivienda. El decreto de creación del Instituto contiene la primera definición normativa de la “vivienda protegida” en España.  Al igual que la Ley Salmón republicana, la legislación y el campo de acción del INV no incluye la promoción directa de vivienda; sí, en cambio, la definición de los estándares de habitabilidad, la determinación de los criterios de concesión de las ayudas y beneficios, así como las competencias de inspección. Quizá la atribución del INV que más incidencia tuvo en el desarrollo de la vivienda social en España fue su capacidad de proponer, por comarcas, los tipos de viviendas que deban servir de modelo, señalando sus características, según fuesen para labradores, artesanos, etc., y proporcionar gratuitamente los planos y maquetas, aunque pocas veces hizo uso de esta competencia.  Casi todas las realizaciones relevantes en materia de vivienda social, la mayoría a partir de los inicios de la década de 1950, pudieron acogerse a sus beneficios.

La Obra Sindical del Hogar (OSH)

La Obra Sindical del Hogar es una más de las instituciones que se crean durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Dentro de la Organización Sindical, cuya misión es “la elevación moral y material del trabajador” se articulan varias Obras Sindicales. La función de la OSH era la de construir viviendas, en suelo propio adquirido o expropiado, para los afiliados de la Organización Sindical, es decir, todos los trabajadores. Hasta el año 1960, pero sobre todo en la década de 1950, la OSH construyó unas 140.000 viviendas, en general agrupadas en barrios. Dos aspectos importantes de estas promociones son que la OSH mantenía la gestión de las viviendas una vez construidas y que las viviendas se adjudicaban en régimen de amortización, con pequeños pagos mensuales que incluían el mantenimiento del edificio y el barrio. Sin embargo, muchas de estas promociones presentaron graves problemas constructivos y estructurales incluso antes de terminar su periodo de amortización.

La década de 1950: de los Poblados Dirigidos a la creación del Ministerio de Vivienda (1957)

En la década de 1950, se produce una toma de conciencia de la dimensión real del problema de la vivienda en las grandes ciudades, así como una aceptación de la evidencia de que las iniciativas de la década anterior no habían abordado el problema en su dimensión real. En el año 1955 se promulga el decreto ley del Plan Nacional de viviendas de renta limitada que, en su puesta en marcha en Madrid concede la capacidad autoconstructiva de las viviendas de baja altura a los propietarios, siempre bajo la tutela de los técnicos del Ayuntamiento y de los arquitectos de la época. Por esta razón, estos nuevos barrios se conocerían como “Poblados Dirigidos” o “Poblados de Absorción”. En algunos de ellos, como el de Entrevías, se da una respuesta arquitectónica rápida, simple y brillante, fruto de un análisis certero de las dificultades económicas, administrativas y temporales que presentaba el encargo.

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